¿Avance educativo o reforma fallida?

La educación es uno de los pilares fundamentales de cualquier sociedad democrática. Por eso, no sorprende que cada nueva ley educativa en España despierte debates, especialmente cuando viene acompañada de cambios sustanciales. La LOMLOE (Ley Orgánica de Modificación de la Ley Orgánica de Educación), también conocida como Ley Celaá, no ha sido la excepción.

Aprobada en diciembre de 2020, la LOMLOE se presentó como una respuesta a los desafíos del siglo XXI: el abandono escolar temprano, las desigualdades sociales, la falta de adaptación al entorno digital y la necesidad de un modelo más inclusivo y competencial. Sin embargo, para muchos sectores de la comunidad educativa y social, esta reforma ha significado lo contrario: una pérdida de exigencia académica, una ideologización del currículo y una amenaza a la pluralidad educativa.

Por tanto, en este blog quiero analizamos las dos caras de esta ley, intentando aportar equilibrio a un debate que, a menudo, ha estado dominado por posturas extremas y porque solo desde una mirada crítica y constructiva podremos avanzar hacia un sistema educativo más justo, eficaz y moderno, deseo de cualquier docente.

¿Una ley para una educación más justa e innovadora?

La LOMLOE parte de una premisa clave: el sistema educativo debe garantizar la igualdad de oportunidades. En una sociedad como la española, donde el origen social sigue condicionando en gran medida el rendimiento académico, esta ley plantea herramientas para combatir esas desigualdades estructurales.

Uno de los objetivos centrales de la LOMLOE es construir una escuela más inclusiva. La ley entiende que no todos los estudiantes parten de las mismas condiciones, y que repetir curso no siempre es la mejor solución ante las dificultades académicas. De hecho, España ha tenido históricamente una de las tasas de repetición más altas de Europa, sin que esto se traduzca en una mejora del rendimiento. La promoción con materias suspensas, bajo el criterio del equipo docente, no pretende rebajar el nivel, sino evitar que la repetición castigue a alumnos que sí están progresando, aunque no hayan alcanzado todos los objetivos. Además, supone no rebajar la autoestima de aquellos alumnos, ya que repetir un curso, ante los ojos de los demás, supone que no te has esforzado, no eres lo bastante listo, eres perezoso, lo que el alumno puede acabar creyendo y repercutir en su futuro pensamiento de sí mismo y perder el interés por la escuela.

Frente a un modelo que tiende a “seleccionar” a los alumnos según su rendimiento, la LOMLOE propone un enfoque más humanista: adaptar la enseñanza a las necesidades del alumnado. Esto se refleja en el impulso a las medidas de atención a la diversidad, como refuerzos educativos, adaptaciones curriculares, la colaboración con los servicios sociales y una mayor coordinación entre etapas. Además, fomenta una visión de la escuela como un espacio donde todas las personas tienen cabida, con independencia de su origen, capacidades o contexto socioeconómico. Este principio es coherente con la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que España ha ratificado.

La ley introduce un cambio de paradigma: pasar de una educación basada en la memorización de contenidos a otra centrada en el desarrollo de competencias clave. Esta transformación pedagógica está alineada con las recomendaciones de organismos internacionales como la OCDE, la UNESCO o la Unión Europea. El nuevo enfoque busca que el alumnado aprenda a pensar críticamente, trabajar en equipo, comunicarse eficazmente, resolver problemas y aplicar los conocimientos en situaciones reales, es decir, formar personas capaces de desenvolverse con éxito en un mundo cambiante y complejo y no solamente llenarles de conocimientos.

Otra de las apuestas claras de la ley es la inclusión de valores cívicos, éticos, medioambientales y de igualdad en el currículo. En una sociedad global e interdependiente, la educación no puede limitarse a la transmisión de conocimientos técnicos. Debe formar ciudadanos críticos, comprometidos y solidarios. La LOMLOE refuerza la coeducación, la educación afectivo-sexual y el respeto a los derechos humanos, aspectos fundamentales en un sistema educativo moderno.

Además, promueve la evaluación continua y formativa, basada en el progreso y no solo en pruebas puntuales. Este cambio contribuye a una enseñanza más personalizada y sensible a los diferentes ritmos de aprendizaje.

¿Una ley precipitada y politizada?

Una de las críticas más frecuentes hacia la LOMLOE es la percepción de rebaja en el nivel de exigencia. Permitir que los estudiantes pasen de curso y obtengan el título con asignaturas suspendidas genera inquietud entre docentes y familias. Muchos consideran que esto transmite un mensaje peligroso,  que el esfuerzo ya no es imprescindible para avanzar. En lugar de ayudar a los estudiantes a superar sus dificultades, se corre el riesgo de enmascararlas. La excelencia no debe ser un privilegio de unos pocos, pero tampoco puede construirse a base de rebajar los estándares para todos. Esto puede desmotivar tanto a los alumnos aplicados como al profesorado que intenta mantener un estándar académico exigente.

La LOMLOE ha sido criticada por introducir conceptos pedagógicos nuevos como “situaciones de aprendizaje”, “saberes básicos” o “perfil de salida”, sin una formación adecuada ni una estructura clara de aplicación. Esto ha generado incertidumbre entre el profesorado, sobrecarga burocrática y discrepancias entre comunidades autónomas a la hora de desarrollar el currículo. En lugar de simplificar y dar coherencia al sistema, la reforma ha creado más complejidad y confusión. Muchos docentes afirman sentirse desorientados y presionados por cambios que no han sido explicados ni planificados con claridad.

Otro punto controvertido ha sido la presunta carga ideológica de algunos aspectos del nuevo currículo. Algunos denuncian que la ley introduce una visión parcial y politizada de materias como Historia, Educación en Valores o incluso Ciencias Sociales, con el riesgo de utilizar la escuela como instrumento de adoctrinamiento. La educación debe formar personas libres y críticas, no replicar los discursos ideológicos de un gobierno concreto. La neutralidad política en el aula es una garantía democrática que, según ellos, la LOMLOE no protege adecuadamente.

La LOMLOE plantea objetivos ambiciosos, pero no establece mecanismos sólidos de evaluación de resultados, ni contempla un aumento de recursos para garantizar su aplicación efectiva. ¿Cómo se espera reducir el abandono escolar si no se refuerzan significativamente los orientadores, los programas de apoyo o la ratio profesor/alumno? Muchos consideran que esta ley ha legislado más con el ideal que con el dato, sin tener en cuenta la realidad cotidiana de los centros, especialmente los que enfrentan situaciones de alta complejidad social.

La LOMLOE, como toda reforma ambiciosa, tiene luces y sombras. Aporta avances significativos en inclusión, modernización pedagógica y valores democráticos, pero también arrastra críticas sobre su implementación, su nivel de exigencia y su impacto en la libertad educativa.

Quienes defienden la LOMLOE ven en ella una oportunidad para construir una escuela más humana, más conectada con el presente y más comprometida con el futuro. Sin embargo, los críticos consideran que la ley, más que resolver los problemas estructurales del sistema educativo español, los enmascara con un discurso modernizador, pero sin base real y sin medidas eficaces.

Tal vez el mayor problema no sea la ley en sí, sino la falta de un pacto educativo duradero, alejado de vaivenes políticos y enfocado en las necesidades reales del alumnado, el profesorado y las familias. Mientras la educación siga siendo un campo de batalla partidista, cualquier reforma, por bien intencionada que sea, estará condenada a la polémica y la división.